(untitled) (La Rivada, 2022)
Los poderes políticos han promovido, históricamente, distintas acciones sobre las lenguas y dialectos considerados propios y oficiales, y sobre otros usos, estimados ajenos o extranjeros. Tales iniciativas a veces se exponen a través de herramientas jurídicas o reglamentarias, o se llevan a cabo de modo indirecto o por omisiones; en muchos casos, abocadas a brindar los servicios educativos obligatorios, las instituciones estatales no realizan intervenciones declaradas sobre las relaciones de fuerzas lingüísticas desiguales en la comunidad. En ambos casos, los sectores gubernamentales se proponen metas deliberadas, supervisiones y evaluaciones, en ese amplio espacio reconocido como planificación lingüística.